Organizaciones sociales instan al gobierno contribuir con reconciliación
Lima, 16/12/2009 (CNR) -- Defensores de los derechos humanos hicieron un llamado a las más altas autoridades del gobierno, a no seguir profundizando las heridas abiertas por 20 años de conflicto armado que nos enfrentó entre peruanos, a rectificar su actuación, honrar sus compromisos y obligaciones.
El Movimiento ciudadano "Para que no se Repita" (MPQNSR) convocó a una conferencia de prensa tras la publicación del pronunciamiento suscrito por más de un centenar de organizaciones de todo el país.
Carmela Sifuentes, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), manifestó su preocupación por la interrupción del proceso de registro de victimas, desatendiendo además seis de los siete programas del Plan Integral de Reparaciones (PIR).
Así mismo, señaló que el desarrollo y el bienestar no serán alcanzados mientras no se repare y se desatienda a poblaciones vulnerables que subsisten en condiciones de miseria y atraso, como lo son, justamente, los afectados por la violencia. .
A su vez, Germán Vargas, presidente de la Asociación Paz y Esperanza, denunció que en este gobierno la situación de los derechos humanos ha empeorado y que en la judicialización se vienen produciendo fuertes retrocesos. Muestra de ello son 180 casos judiciales archivados, el encubrimiento de perpetradores.
En tanto, Relinda Sosa, titular de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), enfatizó la deuda social que tenemos todos los peruanos con las victimas de 20 años de violencia política.
Manifestó la necesidad de que el gobierno central entienda que no es lo mismo reparar de manera colectiva que individualmente. "Los derechos colectivos no pueden reemplazar a los derechos individuales”, subrayó.
Finalmente, Javier Azpur, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, demandó al gobierno y a la sociedad civil a impulsar el Plan Nacional de Derechos Humanos, la implementación del PIR, en un proceso descentralizado de cumplimiento de las obligaciones del Estado.
El Movimiento ciudadano "Para que no se Repita" (MPQNSR) convocó a una conferencia de prensa tras la publicación del pronunciamiento suscrito por más de un centenar de organizaciones de todo el país.
Carmela Sifuentes, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), manifestó su preocupación por la interrupción del proceso de registro de victimas, desatendiendo además seis de los siete programas del Plan Integral de Reparaciones (PIR).
Así mismo, señaló que el desarrollo y el bienestar no serán alcanzados mientras no se repare y se desatienda a poblaciones vulnerables que subsisten en condiciones de miseria y atraso, como lo son, justamente, los afectados por la violencia. .
A su vez, Germán Vargas, presidente de la Asociación Paz y Esperanza, denunció que en este gobierno la situación de los derechos humanos ha empeorado y que en la judicialización se vienen produciendo fuertes retrocesos. Muestra de ello son 180 casos judiciales archivados, el encubrimiento de perpetradores.
En tanto, Relinda Sosa, titular de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), enfatizó la deuda social que tenemos todos los peruanos con las victimas de 20 años de violencia política.
Manifestó la necesidad de que el gobierno central entienda que no es lo mismo reparar de manera colectiva que individualmente. "Los derechos colectivos no pueden reemplazar a los derechos individuales”, subrayó.
Finalmente, Javier Azpur, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, demandó al gobierno y a la sociedad civil a impulsar el Plan Nacional de Derechos Humanos, la implementación del PIR, en un proceso descentralizado de cumplimiento de las obligaciones del Estado.
