Según el informe en mayoría presentado por los legisladores Mercedes Cabanillas y Daniel Estrada, Fujimori habría incurrido en los delitos de asesinato, homicidio calificado, lesiones graves, desaparición forzada de personas.

La acusación señala que los hechos de Barrios Altos y la Cantuta son crímenes de lesa humanidad y en consecuencia están calificados como delitos internacionales son perseguibles universalmente.

Durante la sustentación del dictamen en mayoría el congresista Daniel Estrada, presidente de la comisión investigadora de esta denuncia, indicó que el informe no sentencia penalmente al depuesto ex presidente, sino presenta indicios razonables para acusar a Fujimori por los crímenes perpetrados por el llamado Grupo Colina.

El parlamentario considera que Alberto Fujimori conoció, antes, durante y después la realización de los hechos violentos. Por tal razón existe indicios de complicidad.

Por su parte los congresistas fujimoristas, principalmente, Carmen Lozada, quien presentó un informe en minoría, reclamaron se les presente evidencias contundentes de que Fujimori es responsable de los crímenes.

La parlamentaria consideró que la acusación es de tipo político y existe una venganza contra el ex presidente.

Según el testimonio, obtenido por la subcomisión acusadora y presentado como una de las pruebas contundentes en esta sustentación del informe en mayoría, la hermana de Mariella Barreto, Blanca Luz Barreto, manifestó que los integrantes del Grupo Colina recibían órdenes de Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Además señala que existió un compromiso con los ejecutores de la muerte de su hermana para librarlos de toda responsabilidad.

El desarrollo de la sesión fue accidentado por las continuas interrupciones que solicitaron Martha Chávez, Luz Salgado, quienes cuestionaron el informe del congresista Estrada.

Cabe señalar que luego de que se aprobara la acusación contra Fujimori, se designó a los miembros de la comisión acusadora del ex jefe de Estado, que recayó en los parlamentarios Estrada y Cabanillas, quienes sustentarán, ante el pleno del Parlamento, los delitos que habría cometido el depuesto presidente.