Política
Aunque solo ha visitado 39 de las más de 180 comunidades indígenas awajun que participaron en las protestas
Defensoría ratifica que no hay comuneros desaparecidos
:: Dirigente de amazonas considera que informe es precipitado
Lima, 06/07/2009 (CNR).- Pese a que reconoció haber visitado sólo 39 comunidades indígenas de las más de 180 asentadas en las cuencas del Marañón, el río Santiago y el Cenepa, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, defendió la seriedad del informe que presentaron sobre los hechos del 5 de junio, que desmiente la existencia de comuneros desaparecidos.
Cabe recordar que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) dieron cuenta de la existencia de más de 60 desaparecidos según un listado preliminar, así como de violaciones a los derechos humanos de los detenidos, datos que no consigna el informe defensorial.
Tras asegurar que permanecerán atentos en el caso de presentarse denuncias sobre personas en paradero desconocido, Beatriz Merino recordó que el 1 de julio hubo una reunión de 500 líderes nativos en la localidad de Santa María de Nieva, en Amazonas, a la que asistieron funcionarios de la Defensoría para reiterar su solicitud para que se informe si había algún desaparecido en sus comunidades, pero la respuesta fue negativa.
“Incluso durante la noche se tuvo reuniones reservadas con algunas de estas autoridades, en las que se ha manifestado que no hay personas desaparecidas”, manifestó la Defensora y remarcó que los líderes indígenas mostraron gratitud por la intervención defensorial.
Destacó que las comunidades elegidas para la visita de los funcionarios no fue por la lejanía sino porque había denuncias públicas de nativos desaparecidos en éstas, y negó que se haya visitado sólo comunidades del área urbana.
“Hemos llegado hasta la comunidad de Soledad. De Bagua hasta Santa María de Nieva son doce horas y al punto más alejado que hemos ido está a ocho horas en deslizador. La comunidad de Candungo está a dos horas de Soledad, y la de Papayacu a cuatro. No es correcto decir que se ha visitado sólo comunidades del área urbana”.
Por su parte, el dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación (Sutep) Amazonas y representante del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, William Baldera, criticó el informe defensorial y lo consideró precipitado, dada la lejanía y la multitud de caseríos a los cuales todavía no se ha tenido acceso.
El dirigente afirmó además que sí hay reportes de no retornados en la zona de Huahuas no consignados en el informe de la Defensoría y que una prueba de que sí hay desaparecidos y de que es necesaria una mayor investigación es que el mayor PNP Felipe Bazán continúa en paradero desconocido.
El dirigente de Amazonas informó que este 8 de julio, las organizaciones de base de Bagua y Bagua Grande protagonizarán una jornada de protesta en exigencia de que se inicie una investigación exhaustiva e independiente sobre los sucesos del pasado 5 de junio.
Proyecto para consulta previa a pueblos indígenas
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso un proyecto de ley sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de dar cumplimiento al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e institucionalizar el diálogo para prevenir conflictos como el de Bagua.
Al respecto, el adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, Rolando Luque, afirmó que lo ocurrido el 5 de junio es el conflicto más grave que desde que la Defensoría reporta conflictos sociales, debido a la complejidad del tema, al número de personas involucradas y al estado de zozobra sentido tras los hechos.
Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas, enfatizó, durante la exposición del contenido del proyecto, que hay en el país un profundo desconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias.
La funcionaria explicó que hay diferencias entre el proceso de consulta y el referéndum o un proceso de votación, y que el objetivo es institucionalizar el diálogo.
“La finalidad del derecho a la consulta es garantizar la identidad cultural de los pueblos indígenas, y el diálogo requiere brindar posibilidades para alcanzar un acuerdo sobre los temas sometidos a consulta”, puntualizó.
Cabe recordar que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) dieron cuenta de la existencia de más de 60 desaparecidos según un listado preliminar, así como de violaciones a los derechos humanos de los detenidos, datos que no consigna el informe defensorial.
Tras asegurar que permanecerán atentos en el caso de presentarse denuncias sobre personas en paradero desconocido, Beatriz Merino recordó que el 1 de julio hubo una reunión de 500 líderes nativos en la localidad de Santa María de Nieva, en Amazonas, a la que asistieron funcionarios de la Defensoría para reiterar su solicitud para que se informe si había algún desaparecido en sus comunidades, pero la respuesta fue negativa.
“Incluso durante la noche se tuvo reuniones reservadas con algunas de estas autoridades, en las que se ha manifestado que no hay personas desaparecidas”, manifestó la Defensora y remarcó que los líderes indígenas mostraron gratitud por la intervención defensorial.
Destacó que las comunidades elegidas para la visita de los funcionarios no fue por la lejanía sino porque había denuncias públicas de nativos desaparecidos en éstas, y negó que se haya visitado sólo comunidades del área urbana.
“Hemos llegado hasta la comunidad de Soledad. De Bagua hasta Santa María de Nieva son doce horas y al punto más alejado que hemos ido está a ocho horas en deslizador. La comunidad de Candungo está a dos horas de Soledad, y la de Papayacu a cuatro. No es correcto decir que se ha visitado sólo comunidades del área urbana”.
Por su parte, el dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación (Sutep) Amazonas y representante del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, William Baldera, criticó el informe defensorial y lo consideró precipitado, dada la lejanía y la multitud de caseríos a los cuales todavía no se ha tenido acceso.
El dirigente afirmó además que sí hay reportes de no retornados en la zona de Huahuas no consignados en el informe de la Defensoría y que una prueba de que sí hay desaparecidos y de que es necesaria una mayor investigación es que el mayor PNP Felipe Bazán continúa en paradero desconocido.
El dirigente de Amazonas informó que este 8 de julio, las organizaciones de base de Bagua y Bagua Grande protagonizarán una jornada de protesta en exigencia de que se inicie una investigación exhaustiva e independiente sobre los sucesos del pasado 5 de junio.
Proyecto para consulta previa a pueblos indígenas
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso un proyecto de ley sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de dar cumplimiento al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e institucionalizar el diálogo para prevenir conflictos como el de Bagua.
Al respecto, el adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, Rolando Luque, afirmó que lo ocurrido el 5 de junio es el conflicto más grave que desde que la Defensoría reporta conflictos sociales, debido a la complejidad del tema, al número de personas involucradas y al estado de zozobra sentido tras los hechos.
Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas, enfatizó, durante la exposición del contenido del proyecto, que hay en el país un profundo desconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias.
La funcionaria explicó que hay diferencias entre el proceso de consulta y el referéndum o un proceso de votación, y que el objetivo es institucionalizar el diálogo.
“La finalidad del derecho a la consulta es garantizar la identidad cultural de los pueblos indígenas, y el diálogo requiere brindar posibilidades para alcanzar un acuerdo sobre los temas sometidos a consulta”, puntualizó.