Política
Califican de histórico que trabajadores asuman administración de Doe Run
Lima, 24/06/2009 (CNR) -- El arzobispo de Huancayo y coordinador de mesa de diálogo de Junín para el tema de La Oroya, monseñor Pedro Barreto, saludó la propuesta para que los trabajadores de la minera Doe Run asuman la administración judicial del complejo metalúrgico.
A través de de la CNR, Barreto Jimeno indicó que ante la inminente declaratoria de quiebra de la compañía norteamericana, era necesaria la participación de sus empleados.
Sin embargo, consideró prudente que no sean sólo los empleados los que encabecen la fundición, sino que -por la compleja situación financiera de la empresa y sus numerosas deudas- se trabaje de la mano con las otras compañías mineras de responsabilidad social.
“Hablar sólo de los trabajadores es inviable. Tiene que haber un trabajo conjunto entre las empresas y los trabajadores como parte del accionariado. Que ellos participen en la gestión de la empresa”, remarcó.
“A nivel internacional, este equipo nuevo que lleva adelante la fundición va a tener un respaldo, cosa que no se daría si estuviera Doe Run o una empresa privada”, anotó.
Monseñor Barreto explicó que esta alternativa buscará remediar los pasivos ambientales y dar estabilidad laboral a todos los trabajadores, que desde el último lunes acatan un paro con bloqueo de carreteras.
Lamentó que las demandas de La Oroya hayan llevado al bloqueo de las vías de comunicación porque “defender un derecho conculcando los derechos ajenos no se puede permitir”.
Por otra parte, se sumó a las críticas contra Doe Run, por mostrar una conducta antiética al no cumplir sus compromisos con el Estado, sus proveedores y sus trabajadores.
A su turno, el secretario de la mesa de diálogo, Washington Mori, se mostró conforme con el acuerdo de entregar la administración de Doe Run a los trabajadores. Sin embargo, reiteró que el Estado tiene una responsabilidad al no haber fiscalizado a tiempo a la empresa y que esa actitud haya llevado a las protestas de los últimos días.
Informó que había una propuesta de la compañía para trabajar por tres o cuatro días, luego paralizar por 90 días sus operaciones y pagar sólo el 50% de los salarios de los trabajadores.
Finalmente, Mori coincidió con monseñor Barreto en que la administración de la empresa no se puede otorgar íntegramente a los trabajadores dada la compleja situación que atraviesa la minera.
A través de de la CNR, Barreto Jimeno indicó que ante la inminente declaratoria de quiebra de la compañía norteamericana, era necesaria la participación de sus empleados.
Sin embargo, consideró prudente que no sean sólo los empleados los que encabecen la fundición, sino que -por la compleja situación financiera de la empresa y sus numerosas deudas- se trabaje de la mano con las otras compañías mineras de responsabilidad social.
“Hablar sólo de los trabajadores es inviable. Tiene que haber un trabajo conjunto entre las empresas y los trabajadores como parte del accionariado. Que ellos participen en la gestión de la empresa”, remarcó.
“A nivel internacional, este equipo nuevo que lleva adelante la fundición va a tener un respaldo, cosa que no se daría si estuviera Doe Run o una empresa privada”, anotó.
Monseñor Barreto explicó que esta alternativa buscará remediar los pasivos ambientales y dar estabilidad laboral a todos los trabajadores, que desde el último lunes acatan un paro con bloqueo de carreteras.
Lamentó que las demandas de La Oroya hayan llevado al bloqueo de las vías de comunicación porque “defender un derecho conculcando los derechos ajenos no se puede permitir”.
Por otra parte, se sumó a las críticas contra Doe Run, por mostrar una conducta antiética al no cumplir sus compromisos con el Estado, sus proveedores y sus trabajadores.
A su turno, el secretario de la mesa de diálogo, Washington Mori, se mostró conforme con el acuerdo de entregar la administración de Doe Run a los trabajadores. Sin embargo, reiteró que el Estado tiene una responsabilidad al no haber fiscalizado a tiempo a la empresa y que esa actitud haya llevado a las protestas de los últimos días.
Informó que había una propuesta de la compañía para trabajar por tres o cuatro días, luego paralizar por 90 días sus operaciones y pagar sólo el 50% de los salarios de los trabajadores.
Finalmente, Mori coincidió con monseñor Barreto en que la administración de la empresa no se puede otorgar íntegramente a los trabajadores dada la compleja situación que atraviesa la minera.