Lima, 16/05/2009 (CNR).-La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) suscribió un acuerdo con la Defensoría del Pueblo en el que se compromete a deponer la declaratoria de insurgencia realizada ayer por su presidente, Alberto Pizango.

De acuerdo al comunicado enviado por la Defensoría del Pueblo, Aidesep se comprometió "a dejar sin efecto la referencia hecha al derecho de insurgencia" y  también "a mantener y desarrollar la protesta dentro del Estado de derecho".

El documento firmado con la Defensoría también deja constancia de que los representantes indígenas persistirán en su disposición para dialogar con las autoridades del gobierno y el Congreso, por lo que les solicitan dejar sin efecto el Estado de Emergencia declarado desde hace una semana en las provincias selváticas de Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.

Las 1200 comunidades indígenas que forman parte de Aidesep han mantenido durante 37 días un paro para exigir la derogatoria de 9 decretos legislativos que afectan a la amazonía y que fueron promulgados sin cumplir con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos originarios antes de promulgar cualquier legislación sobre sus territorios ancestrales.

Estos decretos, que constituyen una nueva ley forestal, permiten según Foro Ecológico la venta de un 60% de los bosques primarios de la amazonía peruana para el cultivo de biocombustibles.

Tras anulación de la declaración de insurgencia, la Defensoría del Pueblo continuará estudiando si este paquete de decretos firmados en el marco del TLC con EE.UU son o no constitucionales.

Además, la Defensoría se compromete a promover una ley marco sobre el derecho al a consulta de conformidad con el convenio de la OIT, firmado por Perú y que como todos los tratados internacionales tiene rango constitucional.

En diciembre pasado, una comisión multipartidaria del Congreso recomendó la derogatoria de estos decretos al considerar que vulneran los derechos de los pueblos indígenas y originarios.

Este informe fue aprobado el pasado 7 de mayo por el Congreso y derivado a la Comisión de Constitución, que debía emitir un dictámen en un plazo de quince días que se cumple el próximo jueves.

Por la mañana, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, declaró que el gobierno carece de capacidad preventiva ya que de los 80 conflictos que existen en nuestro país, en el 88% de ellos se inició el diálogo después de que comenzaran las acciones violentas.