Política
:: Pese a que Pluspetrol cumplió con entregar fondos
Nativos del Río Corrientes denuncian que Gobierno no cumple con obras de remediación ambiental
Lima, 29/10/2008 (CNR) -- Pese a que la compañía Pluspetrol entregó los fondos ofrecidos para resarcir los daños ocasionados por los derrames de petróleo en las aguas del Río Corrientes (Loreto), el Gobierno central no ha cumplido con ejecutar las obras necesarias para apoyar a las comunidades perjudicadas.
Así lo denunció César García, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), quien declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) recordó que han pasado dos años de la firma y puesta en marcha del Acta de Dorissa; sin embargo, hasta ahora no se ven resultados concretos.
Detalló que, en total, son 51 millones de nuevos soles, de los cuales 40 millones estaban comprometidos para el Plan Integral de Salud y los once millones restantes, para la implementación del Plan de Desarrollo Social.
En ese sentido, exigió que ya no sea el Ejecutivo el que administre el dinero sino otra organización que les dé más confianza. “Son casi dos años que no se ha mejorado nada, por lo que estamos en Lima con cinco apus reuniéndonos con las autoridades involucradas (...) el Estado se agarró el dinero y el manejo administrativo es
burocrático".
Agregó que hace dos se debió implementar tres postas médicas en las comunidades de Jerusalén, Pampa Hermosa y Providencia. "Pero hasta ahora, no tenemos nada, seguimos igual, muriéndonos", subrayó García Sandi.
Este malestar fue compartido por los líderes indígenas que participaron en una reciente asamblea, celebrada en la comunidad nativa de Valencia frente al cumplimiento del Acta de Dorissa.
Dicho documento fue firmado entre las comunidades achuar del Río Corrientes, la empresa Pluspetrol y el Estado Peruano, luego de que los nativos tomaran las instalaciones de la petrolera en octubre del 2006.
El texto contempla la obligación de la remediación ambiental y la reinyección de las aguas tóxicas de producción, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos del Corrientes a la atención de la salud, a la seguridad alimentaria y al monitoreo indígena independiente de las operaciones petroleras, entre otros temas.
García Sandi remarcó que los nativos están incómodos porque la idea era construir -con los fondos entregados por Pluspetrol- piscigranjas y galpones, lo cuales les permitiría abastecerse de alimentos, luego que el derrame petrolero contaminó los peces, animales y aguas con los cuales se abastecen.
Así lo denunció César García, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), quien declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) recordó que han pasado dos años de la firma y puesta en marcha del Acta de Dorissa; sin embargo, hasta ahora no se ven resultados concretos.
Detalló que, en total, son 51 millones de nuevos soles, de los cuales 40 millones estaban comprometidos para el Plan Integral de Salud y los once millones restantes, para la implementación del Plan de Desarrollo Social.
En ese sentido, exigió que ya no sea el Ejecutivo el que administre el dinero sino otra organización que les dé más confianza. “Son casi dos años que no se ha mejorado nada, por lo que estamos en Lima con cinco apus reuniéndonos con las autoridades involucradas (...) el Estado se agarró el dinero y el manejo administrativo es
burocrático".
Agregó que hace dos se debió implementar tres postas médicas en las comunidades de Jerusalén, Pampa Hermosa y Providencia. "Pero hasta ahora, no tenemos nada, seguimos igual, muriéndonos", subrayó García Sandi.
Este malestar fue compartido por los líderes indígenas que participaron en una reciente asamblea, celebrada en la comunidad nativa de Valencia frente al cumplimiento del Acta de Dorissa.
Dicho documento fue firmado entre las comunidades achuar del Río Corrientes, la empresa Pluspetrol y el Estado Peruano, luego de que los nativos tomaran las instalaciones de la petrolera en octubre del 2006.
El texto contempla la obligación de la remediación ambiental y la reinyección de las aguas tóxicas de producción, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos del Corrientes a la atención de la salud, a la seguridad alimentaria y al monitoreo indígena independiente de las operaciones petroleras, entre otros temas.
García Sandi remarcó que los nativos están incómodos porque la idea era construir -con los fondos entregados por Pluspetrol- piscigranjas y galpones, lo cuales les permitiría abastecerse de alimentos, luego que el derrame petrolero contaminó los peces, animales y aguas con los cuales se abastecen.