Política
Minera Majaz dice que buscará acuerdo con la población
Lima, 10/09/2007 (CNR) - El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Jorge Del Castillo, afirmó que el consorcio chino Zijin Mining Group Ltd. no autorizará a la empresa minera Majaz S.A. a que realice la etapa de explotación sin antes llegar a un acuerdo con los comuneros de El Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, en Piura.
Como se recuerda, Zijin Mining Group Ltd. es el accionista mayoritario de la empresa Monterrico Metals Plc., que es propietaria de las mineras Majaz S.A., Mayarí S.A.C. y Río Blanco Cooper Limited, involucradas en el proyecto Río Blanco de las serranías piuranas.
“Yo he tenido oportunidad de hablar con el presidente del directorio de la empresa Zijin Mining Group Ltd, y me ha manifestado que la empresa no tiene la intención de explotar los recursos minerales de la zona, si no tiene un acuerdo con la población”, expresó.
El premier sostuvo que el país recibiría 130 millones de dólares anuales por concepto de impuestos merced a las operaciones del proyecto Río Blanco. A ello sumó los mil 300 millones de dólares que Majaz tiene previsto invertir en minería en la región Piura.
Así mismo, lamentó la ausencia de los alcaldes de los tres distritos donde se realizará la consulta vecinal en la mesa de diálogo, instalada en la sede del Colegio de Ingenieros de Piura.
Empero, Del Castillo no dudó en enfilar sus baterías contra la consulta vecinal que impulsan las autoridades piuranas. "Una consulta popular no puede ser utilizada para vetar una actividad económica (...) los recursos naturales son propiedad de todos los peruanos. No es de un distrito, de una comunidad ni de una provincia (...) somos una Nación unitaria, esto no es un archipiélago de voluntades (...) Yo creo que una consulta que intente vetar una actividad de la explotación de recursos naturales, cualquiera que sea su dimensión no tiene valor, ni es obligatoria ni menos vinculante".
Además, recordó que tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalaron que la consulta vecinal programada para el 16 de setiembre, no tiene carácter oficial y carece de reconocimiento. Finalmente, negó que el Consejo Nacional de Ambiente (CONAM) haya emitido un informe avalando la consulta vecinal.
La minera Majaz S.A. pretende efectuar trabajos de explotación en Ayabaca y Huancabamba avalándose en documentos que no cuentan con el voto de los dos tercios de los miembros de dichas comunidades, tal como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada (LPIP), y que fueron suscritos con su antecesora, la empresa Coripacha.
En un informe del 2006, la Defensoría del Pueblo señaló que los documentos que firmaron parte de los comuneros de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), poseen carácter contractual sólo con Coripacha, mas no con la minera Majaz.
Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca.
Es por todo lo anterior que los pobladores de los distritos de Carmen de la Frontera y Ayabaca realizarán una consulta vecinal el 16 de setiembre para decidir si aceptan o no la continuidad de la citada compañía. Empero, dicha consulta popular no tiene carácter vinculante; vale decir, no existe ley que señale que el Gobierno deba aceptar el resultado.