Lima, 02/02/2007 (CNR) - El archivamiento de la denuncia formulada por el padre Marco Arana y otros activistas del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), víctimas de "reglajes" y constantes amenazas de muerte, demuestra como el Poder Judicial se somete ante la influencia y el poderío económico de las empresas mineras.
Así lo sostuvo el secretario ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, quien criticó la resolución del fiscal provincial de Cajamarca, Fredy Gómez Malpartida, de mandar al archivo la demanda interpuesta por Arana meses atrás.
En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) Jugo Viera lamentó que el Poder Judicial haya concluido con el caso, basándose sólo en el testimonio de los personajes implicados, quienes realizaron el espionaje al sacerdote y a los integrantes de GRUFIDES.
“No puede ser que el fiscal haya aceptado el argumento del 'secreto profesional periodístico' porque los espías no eran periodistas como declararon (…) no hay ningún argumento sólido para la decisión del fiscal Gómez, excepto el poder el dinero y la fuerza que tienen las mineras ante el cual se arrodilla el Poder Judicial”.
Así mismo, el representante de APRODEH, calificó como un “pésimo antecedente” este proceso, toda vez que “estos temas seguirán y así se demuestra que no existe ningún tipo de interés por proteger a quienes defienden a la población”.
Como se recuerda, Arana y otros integrantes de GRUFIDES fueron objeto de seguimiento y amenazas por su posición en contra de la contaminación derivada de las operaciones mineras en Cajamarca.
Las pruebas apuntan a que el autor intelectual de este reglaje sería la minera Yanacocha, empresa que sindicó al sacerdote como el culpable de las protestas de los pobladores de Combayo en agosto pasado.
Caso Pérez Documet
De otra parte, el secretario ejecutivo de APRODEH, reiteró su denuncia sobre la inactividad de la Policía Nacional y del Poder Judicial por detener al ex oficial EP Luis Pérez Documet, vinculado a delitos de lesa humanidad, y que estaría circulando libremente por las calles de Lima.
“Hemos señalado esto y entendemos que tiene una orden de captura por el caso de la desaparición de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, aparte de su responsabilidad como jefe de la zona militar durante la detención y desaparición de los estudiantes y el profesor de (la Universidad) La Cantuta y hasta la fecha la policía no lo busca y sigue haciendo su vida normal”
Jugo señaló que han formulado un llamado a la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, para que tome mayor atención a estos casos y dé las órdenes para procesar la detención. “Hasta hoy no entendemos porque no ha ocurrido (…) sabemos que hay presiones políticas que defienden a personajes de este tipo. Esperamos que se les ponga a ordenes de las autoridades judiciales”, sentenció.